Tras la finalización de la instrucción de la rama murciana del Caso Púnica por parte del juez Eloy Velasco ésta acaba con la posible imputación en breve de Pedro Antonio Sánchez, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

En concreto, se le acusa de concertar con empresas del experto en reputación online Alejandro de Pedro unos contratos de formación amañados con la Consejería de Educación tras los que se ocultaban en realidad los pagos por los servicios de dichas empresas para mejorar la imagen del entonces titular de la Consejería en las redes sociales de cara a lanzar su imagen para la campaña a la presidencia de la Región de Murcia. Por su actual cargo público, su imputación depende del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Dentro de este mismo caso se encuentra en una situación parecida Pilar Barreiro Álvarez, actual Senadora y ex Alcaldesa de Cartagena, a la espera de ser imputada por el Tribunal Supremo por su condición de aforada.

Pedro Antonio Sánchez se encuentra, además, investigado y a punto de ser imputado por los delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad documental por el Caso Auditorio correspondiente a su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras. En dicho caso se investiga dónde se gastaron seis millones de euros de una subvención de la Comunidad Autónoma para la construcción de un auditorio.

Ante esta posible doble imputación se abre un período de crisis política en la Región de Murcia, reflejo de la crisis en la cúspide que sufre el capitalismo español que se traduce en altos e insostenibles niveles de corrupción, que extienden sus tentáculos en toda la administración pública, y situaciones inestables en las instituciones y el sistema de partidos. El PP gobierna en minoría en la Región de Murcia con la ayuda de Ciudadanos y la posible y anunciada dimisión de Pedro Antonio Sánchez ante una imputación abriría un período de elección de un Presidente que podría incluso desembocar en la disolución de la Asamblea Regional y nuevas elecciones autonómicas si no se consigue ningún pacto entre el PP y otro partido o una unión del resto de partido representados (PSOE, Podemos y Ciudadanos).