El pasado 6 de febrero se desprendió la ladera de un monte en el municipio vizcaíno de Zaldibar, cortando la autopista que une Bilbao con Donostia en ambos sentidos, en un tramo por donde circulan a diario cerca de 24.000 vehículos. Milagrosamente no atrapó el derrumbe a ningún coche. Sin embargo, con el paso de las horas también se informó de una lamentable tragedia. Dos trabajadores habían quedado sepultados debajo de cinco mil metros cúbicos de tierra. Otros dos en un principio de año triste para la clase obrera vasca, con un reguero de accidentes y muertos sin comparación con años anteriores.

En las horas posteriores al desplome de la ladera, mientras decenas de trabajadores ejercían con urgencia y diligencia las labores de rescate de los dos trabajadores atrapados, el sindicato CCOO hacía pública una denuncia en la cual se detalla claramente que en ese vertedero hay elementos altamente cancerígenos como amianto, lindane y otros más. Ertzainas, bomberos de Bizkaia y de Gipuzkoa y operarios de empresas privadas de recogida y gestión de residuos, junto con sus herramientas, vehículos y maquinaria han estado más de 8 horas expuestos a una gran cantidad de amianto y a otros residuos tóxicos y peligrosos, sin ser conscientes de ello y sin recibir la formación y la protección adecuada. El alcance de este desastre, simplemente a nivel humano, va a tardar en conocerse. Es de tal magnitud el desastre material y la gestión del propio accidente, que cuesta creer que estemos hablando del accidente más grave en Euskadi en los últimos 40 años a tenor de lo que el Gobierno Vasco nos ha ido informando y de los propios hechos.  Durante más de 3 horas después del incidente, la diputación de Bizkaia seguía cobrando el peaje a los conductores que se incorporaban a la AP-8 sin informarles de la «ratonera» en la que se había convertido y sin informarles que no había manera de salir de la autopista, cortada en ambos sentidos.

El Gobierno Vasco conocía con antelación la presencia de amianto y otros residuos tóxicos y peligrosos en la avalancha ya que el vertedero cuenta con licencia para el tratamiento de estos residuos desde el año 2011. Ahora nos intentan engañar con un supuesto informe de irregularidades, que no se ha hecho público, de julio de 2019, cuando Inspección Ambiental otorgó a la empresa que gestiona el vertedero la calificación más baja.

Este hecho, una tragedia cuyo alcance, además de las dos personas fallecidas, tardaremos en conocer en toda su extensión, nos demuestra cual es la orientación del Gobierno Vasco hacia las empresas y sus trabajadores. Para las empresas todas las facilidades para que sigan explotando a su mano de obra y ganando beneficios. Para los trabajadores precariedad, problemas de salud y en tragedias como estas muertes. El Gobierno Vasco se ha puesto de perfil para no perjudicar a Verter Recycling S.L, empresa privada que gestiona este vertedero, demostrando claramente que las vidas de la clase obrera son menos importantes que los beneficios de las empresas. Los trabajadores del vertedero llevaban meses advirtiendo a la empresa de la aparición de grietas en los escalones construidos con los residuos acumulados sin que se hayan tomado ninguna medida. Nadie ha hecho nada antes y parece que no hay nada que hacer ahora tampoco.

Desde el Partido Comunista de los Trabajadores de Euskadi queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo a los familiares, a los compañeros y compañeras de trabajo y allegados de los trabajadores desaparecidos en estos duros momentos. Reclamamos que el Consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, presente su dimisión inmediata como responsable directo de este lamentable hecho. Así mismo reclamamos que se revoquen los permisos de este vertedero y que se impida a esta empresa trabajar en Euskadi, así como que se depuren todas las responsabilidades derivadas de este lamentable hecho. El Gobierno Vasco tiene que asumir la titularidad de este vertedero y garantizar la seguridad de sus trabajadores, así como la continuidad de los puestos de trabajo. Verter Recycling S.L ya ha demostrado que no es capaz de garantizar un trabajo digno, así como la seguridad de sus trabajadores.

Por otra parte, queremos destacar que este tipo de accidente no sucederían si se hiciese caso a los trabajadores y a las centrales sindicales, que han dado un ejemplo estos días de cómo se debe de enfocar la seguridad y la salud laboral.

Los residuos que se encuentran en este vertedero vienen de zonas industriales que se han limpiado con dinero público, situadas en comarcas con índices de cáncer muy superiores a la media. Cuando se cerraron multitud de empresas en la década de los 80 nos dejaron como regalo estos residuos, se descontaminaron esas zonas y ahora siguen provocando problemas y muertes de trabajadores. En el capitalismo la salud y la seguridad laboral no serán nunca un derecho como estamos viendo. Ni en el trabajo ni en nuestras casas. Por ello nuestra opción, por la seguridad y la salud de los trabajadores, será siempre un modelo sin capitalismo donde las empresas trabajen de verdad para beneficio de la sociedad del trabajo.