Contra la privatización de la luz en León: Toma Partido

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El Ayuntamiento de León anunció el pasado 18 de mayo de 2018 la adjudicación del “contrato de concesión del servicio público integral de iluminación exterior del municipio de León”, con un presupuesto de más de 20 millones y que permite a la UTE integrada por OHL, Ingesan y Fermasa realizar las obras de renovación del alumbrado y obtener el derecho a explotar y gestionar el servicio de alumbrado público durante los próximos 10 años. Según el consistorio, las reformas, que contarán con la instalación de luminarias LED y sistemas inteligentes de gestión y control, contribuirán a un ahorro energético del 75% (y, por tanto, una reducción en las emisiones de CO2) y una reducción del 35% en la factura.

Ante este planteamiento en apariencia de carácter técnico-económico, nos encontramos con el enésimo proceso de privatización de un servicio público. Durante los próximos 10 años, un servicio tan básico como la iluminación de las calles de la ciudad servirán de negocio para tres empresas privadas. Pasado ese tiempo, cuando la explotación deje de ser rentable para el beneficio empresarial, tendremos de vuelta un sistema obsoleto, con una eficiencia energética muy inferior y gran parte de sus elementos al final de su vida útil que requerirá de una nueva concesión. Porque si en este momento el ayuntamiento no es capaz de realizar por sí mismo el proyecto, y ante el anuncio de recortar la plantilla municipal de alumbrado a la mitad, ¿qué nos hace pensar que en 2028 será capaz de retomar la gestión? Ni siquiera el prometido ahorro económico está garantizado; de ejemplo nos sirve Cacabelos, también en la provincia, que bajo el proceso de privatización se ven amenazados con cuadriplicar el coste del alumbrado. Al fin y al cabo, si ya pasó con el servicio de aguas o de limpieza en la ciudad, ¿por qué no iba a ocurrir lo mismo con el alumbrado?

Estos procesos de privatización no dejan de ser anecdóticos por la cuantía económica sino por la dinámica en la que se vertebra. Bajo el sistema económico imperante, donde no se entiende otra lógica que no sea la del beneficio económico, todo debe responder a los intereses del capital. No hay ayuntamiento ni organismo que pueda parecer en apariencia democrático que no se vea finalmente abocado a obedecer los intereses de los grandes oligopolios. Por tanto, los propios poderes públicos deberán actuar como agentes subordinados a dichos intereses. Como en otros muchos sectores y servicios públicos, la propia Unión Europea (la unión de los intereses del gran capital europeo) introdujo la lógica de mercado en el alumbrado público bajo el contexto de la eficiencia energética y económica. En las directivas 2012/27/UE y 2006/32/CE se recoge la figura de Empresa de Servicios Energéticos (ESE) y la obligatoriedad de las administraciones públicas a recurrir a ellas, con el consiguiente beneficio económico que deberán obtener, para aumentar la eficiencia energética de los servicios. Un caso sonado es el de la ciudad de Marbella, que, tras la contratación de un estudio de eficiencia energética y la concesión de la gestión del alumbrado a Deutsche Bank (uno de los grandes grupos financieros del Viejo Continente) y el cambio de gobierno local, el ayuntamiento decidió romper el contrato y se ve obligado a reintegrar los costes a la entidad financiera. El gran capital dicta y los estados ejecutan.

Como siempre, este juego lo pagan finalmente los trabajadores. Cada saqueo que se realiza sobre lo que es de todos corre por partida doble sobre los hombros de la clase obrera; primero el robo del servicio y después el mantenimiento de sus beneficios. No basta con tener buenos gestores de las miserias del capitalismo porque esto no depende de la buena voluntad: no hay futuro dentro de su lógica. Por todo ello, los comunistas llamamos al pueblo trabajador a Tomar Partido para poner fin al expolio de lo que es nuestro, para romper con la Unión Europea del capital y para conquistar un país para la clase obrera.

 

PCPE León.