El PCPE ante el juicio a los dirigentes del proceso independentista catalán

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Hoy empieza el juicio a los dirigentes independentistas catalanes, lo que se ha venido a llamar el juicio del “procés”. El Tribunal Supremo imputa a los acusados diversos delitos de desobediencia, malversación, sedición y rebelión.

En la época del imperialismo, el capitalismo tiende a la reacción en todos los terrenos y los conflictos políticos, en determinados momentos, se resuelven por la vía represiva, en función de la correlación de fuerzas y de la gravedad de los asuntos a debate. La unidad de su Estado es una prioridad absoluta para la burguesía española, cuyos monopolios exigen la total unidad del mercado doméstico para poder competir con alguna posibilidad contra los monopolios cuya base está en otros países.

Si una posición política llega a estar en condiciones de suponer una amenaza seria para tal unidad, bien por proponer otros marcos territoriales de acumulación capitalista, bien por poner en duda el propio proceso de acumulación capitalista, entonces los intereses del Estado se promueven y defienden mediante la abierta utilización de su poder represivo (policial, judicial, penitenciario).

El “procés” ha supuesto uno de los episodios de mayor desestabilización del Estado español en las últimas décadas y, con este juicio, el Estado va a castigar de manera ejemplarizante a sus dirigentes, de modo que no quepan dudas sobre quién ostenta el poder y hasta dónde llegan los límites de la democracia burguesa española. Muchos dirigentes políticos, sindicales y sociales han sido juzgados y condenados anteriormente en España, y en todos los casos sus procesos han servido para tratar de condicionar, frenar o paralizar procesos de movilización populares o con fuerte apoyo popular.

Para poder condenar a los dirigentes del “procés”, con la actual legislación en la mano, el Tribunal Supremo va a volver a enfrentarse al peligro de la deslegitimación, como ya sucedió con la sentencia de las hipotecas o los diversos juicios relacionados con la corrupción. Ello porque los actos de los dirigentes independentistas sólo encajan en los tipos penales más graves, de rebelión y sedición, si se aplica una retorcida interpretación de la legislación.

Así, este juicio tiene carácter político porque sólo políticamente – y no jurídicamente – cabe entender la actitud de los dirigentes catalanes como rebelión o sedición. Que este proceso judicial haya llegado hasta aquí, con prisión preventiva para varios de los procesados incluida, es significativo de la escasa imparcialidad o neutralidad del poder judicial en asuntos de calado político. Pero para los capitalistas es importante que se mantenga la apariencia de neutralidad, objetividad, imparcialidad e independencia de la justicia, dado que así se preserva la legitimación social de las decisiones que sus órganos tomen.

Al mismo tiempo, se incrementa la retórica nacionalista para generar una ola de rechazo hacia los procesados y legitimar cualquier sentencia condenatoria, cuanto más dura mejor.

Al aparato estatal le da igual que el independentismo fracasara políticamente en 2017. Este juicio se celebra precisamente porque se produjo ese fracaso. Un fracaso reconocido por sus propios dirigentes, procesados hoy, que lo han llegado a calificar como una “performance”, como un farol o como acciones simbólicas carentes de eficacia práctica. Los comunistas ya advertimos en su momento del carácter de clase de los dirigentes independentistas, de su falta de fuerza para imponer ninguna independencia y, principalmente, del callejón sin salida y la frustración a que estaban condenando a amplios sectores obreros y populares catalanes.

Hoy, mientras cunden la frustración y la división nacionalista en la clase obrera y los sectores populares, la burguesía española tiene la capacidad para proseguir la reorganización del Estado, en curso desde hace tiempo, en un sentido profundamente reaccionario, y este juicio es esencial en esa estrategia.

Por todo ello, ante este juicio, el Buró Político del Partido Comunista de los Pueblos de España declara:

  1. Que el juicio del procés es un juicio político. Ha quedado en evidencia el nulo interés por el respeto a los derechos de defensa de los procesados y una clara intencionalidad política en las acusaciones y en las decisiones judiciales hasta ahora adoptadas.
  2. En consecuencia, las sentencias serán políticas y los condenados a prisión serán presos políticos, sumándose así a la larga lista de dirigentes políticos, sindicales y sociales condenados a cárcel por razones políticas o de conciencia.
  3. Que todo este proceso judicial se basará, más que en pruebas o argumentos jurídicos, en las negociaciones políticas que se están llevando a cabo entre el Gobierno y las fuerzas independentistas. Hoy los presos son rehenes del Estado en esta negociación, y los partidos independentistas responden con su capacidad de tumbar los Presupuestos Generales del PSOE.
  4. Que los hoy imputados han sido históricamente aliados de partidos como PSOE y PP a la hora de reformar la legislación penal en clave reaccionaria, incluso añadiendo tipos penales que ahora se usan en su contra. Hoy sufren la represión estatal, pero la mayoría de ellos antes no tuvieron problemas en ejercerla contra trabajadores y estudiantes. No son ningún ejemplo para el pueblo trabajador, ni nos une a ellos ninguna afinidad política o ideológica, pero esta situación va más allá de tales afinidades: este proceso judicial es una farsa que atenta contra los más elementales principios del orden judicial democrático-burgués, por lo que exigimos su absolución.

Durante los próximos meses, este juicio ocupará buena parte del debate social. Se hablará del mismo en los centros de trabajo, de estudios, en los lugares de ocio. Se promoverán posiciones reaccionarias y chovinistas, se atacará a quien no las comparta y se buscará ahondar en la división sobre bases nacionalistas a la mayoría obrera y popular. El Partido Comunista llama a todos los trabajadores y trabajadoras, a la juventud obrera y popular, a las mujeres del pueblo trabajador, a los trabajadores y trabajadoras del campo, a los trabajadores autónomos, a no dejarse arrastrar por la fiebre nacionalista y reaccionaria de ningún tipo, a defender sus intereses comunes por encima de toda división nacionalista y a defender los más básicos derechos democráticos, hoy gravemente en riesgo.

La mayoría obrera y popular debe dejar de estar sometida a intereses ajenos, a proyectos ajenos. El Partido Comunista llama a erigir un proyecto propio, independiente de los intereses de otras clases sociales, que confronte de manera directa los intereses burgueses y que tenga claro el objetivo del socialismo como único camino para la emancipación y el fin de toda opresión.

Buró Político del PCPE
12 de febrero de 2019