La nueva selectividad: más segregación y desigualdad para los hijos e hijas del pueblo trabajador

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El 23 de diciembre de 2016, con un trimestre del curso ya a la espalda, el Gobierno publicaba en el BOE la orden ministerial de regulación del nuevo modelo de selectividad, la EBAU. Los alumnos de segundo de Bachillerato (y el profesorado) llevaban tres meses con la incertidumbre de no saber a qué prueba deberían enfrentarse en junio.

El presente curso comenzó sin gobierno y, cuando finalmente se constituyó en noviembre, el gobierno del PP se articuló en minoría parlamentaria. Esto obligaba a llegar a un acuerdo con los demás partidos para alcanzar un «Pacto de Estado Social y Político por la Educación». Desde entonces el gobierno ha ido cediendo en distintos puntos incluidos en su propuesta de ley orgánica, la LOMCE (Ley Orgánica por la Mejora de la Calidad Educativa). Un ejemplo: la LOMCE preveía que las pruebas para obtener los títulos de la ESO y Bachillerato (las famosas y temidas reválidas) comenzasen a implantarse este curso y a tener efectos académicos a partir del 2017-2018. No obstante, las presiones de la comunidad educativa y el nuevo panorama político han hecho que el Gobierno suspenda ese calendario de implantación hasta que entre en vigor la normativa resultante del pacto. Mientras duren las negociaciones estas pruebas tendrán «carácter muestral».

Con la reválida de Bachillerato que iba a sustituir, según la LOMCE, a la PAU (y que en principio debería haber comenzado a aplicarse en el presente curso 2016-2017) el número de asignaturas a examen habría aumentado y habría sido necesario aprobarla no sólo para acceder a la universidad, sino también para obtener el título de Bachillerato. La paralización del calendario de implantación de la LOMCE y el nuevo modelo de selectividad implica que este curso la prueba sólo deberá realizarla quien quiera acceder a la universidad. La nueva EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) será una selectividad puente entre la antigua LOGSE y la ley resultante del pacto. Tras tanta incertidumbre alumnos y profesores finalmente saben que el examen será casi idéntico a la PAU con algunos pequeños cambios. Aquí presentamos un resumen de los principales puntos:

  • La nota seguirá teniendo la misma composición: un 40 % será la nota de la fase general, en la que habrá que sacar como mínimo un 4; un 60 % será la nota de todo el bachillerato. La fase general constará de 4 exámenes (5 en el caso de las comunidades autónomas con lengua cooficial): Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II, Primera Lengua Extranjera II y asignatura troncal según modalidad. En total habrá que obtener al menos 5 puntos.
  • La nota que se puede sacar en la fase general sube de 10 a 12 puntos porque la asignatura troncal con vinculación a modalidad de bachillerato (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II) pondera automáticamente (un 0,2, y sólo en aquellas titulaciones en las que pondere).
  • En la fase voluntaria (antes específica) el alumno puede presentarse a un máximo de cuatro asignaturas troncales, cursadas o no, para alcanzar el máximo de 14 puntos. Tendrán que ser distintas de las elegidas para optar al 10. Contarán las dos que arrojen una mayor subida.
  • Ya no se podrá escoger entre Historia de la Filosofía e Historia de España, sino que habrá que examinarse de la segunda mientras la primera queda como una asignatura troncal de opción. El gobierno demostró así una vez más su desprecio por la filosofía, aunque ahora, meses después, entona el mea culpa y asegura que fue un error eliminarla de las aulas. Palabras que no parecen muy creíbles y que sólo tienen su origen en el malestar y las protestas que ha generado en la comunidad educativa este desdén por la filosofía.

Aunque la prueba sea casi idéntica a la PAU introduce elementos que suponen condiciones aún más duras para las familias de clase trabajadora. Se contempla la posibilidad de que, gradualmente, las universidades diseñen sus propias pruebas de acceso, que habrá que superar además de la propia «selectividad». Esto ahondará en la segregación educativa, imposibilitando aun más para los estudiantes de familias trabajadoras acceder a la universidad: ya no será solo una prueba sino dos, la segunda sin una preparación específica y sin posibilidad, para muchas familias trabajadoras, de financiar el pago de academias especializadas. Tenemos un modelo educativo ineficiente, de cada vez peor calidad y progresivamente con más trabas económicas inclusive en los niveles básicos y obligatorios. Eso hace que muchos estudiantes que provienen de las familias obreras tengan que verse forzados a abandonar precipitadamente los estudios o a compaginar estos con empleos temporales y precarios. La realidad económica, profundizada por el proceso de privatización, y los modos de vida que esta realidad implica, coloca en una evidente peor situación a los estudiantes de extracción obrera y popular. La nueva selectividad no es más que otra traba, otro bache en una carretera cada vez más ruinosa. Se trata de una prueba no adaptada a un modelo de formación integral y que, en base al encarecimiento de la educación y el empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora, no hace sino profundizar la brecha entre los estudiantes y la educación superior. En definitiva: más y más barreras para la clase trabajadora.

Por otra parte, criticamos la degradación en los contenidos y la calidad educativa: durante toda la etapa escolar se condena al estudiantado a asimilar contenidos de forma memorística, sin ningún ápice de adaptación y fomentación de una actitud crítica. Para ello no dudan en eliminar toda asignatura que no sea funcional a los intereses productivos (Literatura Universal, Filosofía, Latín, Griego, los bachilleratos de arte, etc.) o modificar el modelo de examen de Historia de España dando mayor importancia a las fechas que al conocimiento profundo e integral, mientras que introducen y promocionan asignaturas como Economía de la Empresa. El culmen de este modelo pedagógico es la selectividad, que genera un clima de presión y estrés para el estudiante: el trabajo de los alumnos durante segundo de bachiller, evaluado ya varias veces a lo largo del curso, se pone a prueba en un único examen de tres o cuatro días cuyo valor asciende al 40 % frente al 60 % del trabajo durante dos cursos. Cabe señalar que con apenas un mes de antelación a la selectividad se hizo público el llamado “modelo cero“ de examen. Aunque señalamos que este modelo pedagógico no es el adecuado, y sabemos que aprobar no depende exclusivamente de practicar un examen, los estudiantes que cursan este año la EBAU no han tenido la oportunidad de practicar sobre el acumulado de modelos y tipos de exámenes que si tenían los estudiantes de la extinta Selectividad. 

En resumen, denunciamos la segregación y desigualdad que implica la nueva selectividad. Aunque pudiera parecer un paso muy pequeño, casi de detalle, todos estos “pequeños” elementos obedecen a los intereses de las grandes empresas, representadas por los políticos gobernantes: quieren limitar el acceso a la educación de la clase trabajadora y la nueva selectividad obedece a esta lógica. Además de esto, en la universidad nos encontramos con multitud de medidas que mantienen el proceso ya descrito de abandono de los hijos e hijas de la clase obrera de los estudios superiores: desde 2012 hasta hoy se han visto expulsados de las aulas más de 134.000 estudiantes, la financiación para las universidades públicas se ha recortado en un 18 % (1.900 millones de euros menos), el número de docentes e investigadores ha bajado un 6,6 %, han subido las tasas (un 20 % de media, hasta un 60 % en comunidades como Madrid o Cataluña) y se ha recortado en becas (desde el curso 2011-2012 los estudiantes perciben un 27 % de media menos). Para remontar la crisis de su sistema necesitan sustraer de la clase trabajadora, de nuestro trabajo y de nuestro bolsillo, el máximo beneficio posible en todos los ámbitos posibles.

Por último, insistimos en que pese a las altas expectativas que está generando el pacto educativo, los intereses de nuestra clase, la clase obrera, no están representados allí. Todos los partidos participantes de la subcomisión han declarado que cualquier acuerdo se dará bajo las directrices europeas de la Estrategia Educación 2020 (EE2020) lo que supone adaptarse de nuevo a los mandatos de la UE de reducción del campo público en beneficio del privado. A esto se le suma que se estableció un plazo de seis meses para alcanzar un acuerdo; pues bien, prácticamente ya se ha consumido ese tiempo y aún quedan pendientes 36 comparecencias de las 82 previstas. Ahora el PP pide otros seis meses, condenando a estudiantes y docentes de nuevo al riesgo de más meses de incertidumbre. Mientras, el PP, continuará luchando por que su propuesta de Ley Orgánica, rechazada de plano por toda la comunidad educativa, se vaya abriendo paso por pequeños recovecos en mitad de la inestabilidad e indecisión: prueba de ello son las revalidas muestrales, como medio para acostumbrar al estudiantado al aun más segregador modelo de acceso a la educación superior que propone el Partido Popular. La educación, dentro del capitalismo, siempre se va a amoldar a los que se colocan en lo más alto de la pirámide de este sistema: a la clase dominante, a los grandes empresarios y banqueros, a los capitalistas. 

Ante este panorama los y las comunistas llamamos al estudiantado a organizarse y luchar en cada instituto, facultad y universidad. Luchar no solo por el mantenimiento de los derechos que hoy tenemos (y que están tratando de sepultar) gracias a la historia de lucha y movilización de nuestro país, sino a organizar una ofensiva por una educación para la clase trabajadora, una educación diseñada y organizada en base a nuestros intereses y necesidades como estudiantes de extracción obrera y popular, una educación al servicio de la mayoría, del pueblo trabajador, que solo podrá llegar con un país para la clase obrera en la sociedad socialista-comunista.