¿Qué fue del Pacto Educativo? La única seguridad: la necesidad de la ofensiva

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Una vez más comenzaremos el curso escolar rodeados de dudas e interrogantes. Los alumnos volveremos a entrar en clase, abrir los libros e iniciar un nuevo año sin saber a qué criterios de evaluación vamos a estar sujetos cuando el sol de septiembre se cambie por el sol de junio. Los y las profesores volveremos a entrar a las salas junto a nuestros compañeros con la incertidumbre de cómo preparar un curso a sabiendas de que en cualquier momento pueden producirse cambios que afecten a las materias, a los modelos de examinación, a los contenidos, a las fechas, al día a día. Estrés e incertidumbre vuelven a sumirse sobre los estudiantes, trabajadores de la educación y familias, pues comienza un nuevo curso  sin una legislación clara a nivel educativo. 

“¿Qué fue del Pacto Educativo?” Deben preguntarse los trabajadores de este país. Las noticias han sido escasas y muy poco ruidosas, pero la verdad de lo que está ocurriendo con la subcomisión del Congreso para el Pacto Educativo no va a traer precisamente calma a los afectados. La subcomisión agotó el pasado 1 de julio los seis meses que se dio de plazo para escuchar comparecencias, realizar análisis y redactar un documento final consensuado por los diferentes partidos que pudiese resultar en una nueva ley educativa. A día de hoy ni siquiera han tenido lugar todas las comparecencias, así que han decidido ampliar el plazo seis meses: los trabajos pueden alargarse hasta finales de febrero. 

Dentro de esta búsqueda de un pacto de Estado sobre la educación, el Partido Popular,  PSOE y Ciudadanos conforman el llamado por la prensa “núcleo duro”. Un núcleo duro que desde luego pocas, muy pocas, esperanzas puede traer para la clase obrera y el pueblo: no hay en sus propuestas ningún tipo de modificación estructural o integral del modelo educativo en nuestro país, y las declaraciones parecen direccionarse hacia una LOMCE 2.0 con pequeños retoques consecuencia de la mayor debilidad del gobierno para imponer a su gusto su ley educativa. Cuando un 30% de los estudiantes han repetido curso al menos alguna vez durante el periodo de primaria y primer y segundo ciclo de secundaria, cuando el precio de los grados universitarios ha aumentado un 32% entre 2011 y 2016, es decir, cuando tenemos un sistema educativo que no garantiza ni la formación ni el aprendizaje elemental y que pone trabas al acceso educativo superior; se necesita mucho más que unos pequeños retoques. 

Sorprende el contraste entre la dramática situación de la educación en nuestro país, dramática situación que conlleva una posición combativa de la comunidad educativa como se demostró el 9 de marzo; con la poca importancia que parece ocupar en las agendas de los diputados las vidas de profesores, padres, madres y alumnos, que tendrán que comenzar otro curso más entre tensión e incertidumbre. Una incertidumbre a la que nos tienen acostumbrados en los últimos cursos y que tan perjudicial es para la educación que necesita calma, estabilidad y continuidad en el tiempo, elementos todos ellos de los que ha carecido en las últimas décadas.

Pero es momento de tomar las cosas por su raíz, de desnudar por completo estas problemáticas que afectan solo y exclusivamente a los de siempre, a la clase obrera y al pueblo: ¿Por qué una sistema que no garantiza la formación básica, que no busca un aprendizaje dinámico e integral, que pone trabas al desarrollo formativo, para ellos solo necesita pequeños parches? ¿Por qué no les tiembla el pulso en pedir prorrogas a sabiendas de la incertidumbre y el descontento popular? ¿Por qué se modifican continuamente las leyes educativas y en base a qué criterios se establecen esas modificaciones? Básicamente porque los intereses de los que van a decidir en última instancia la nueva reforma educativa son muy distintos a los de quienes vamos a sufrir esa reforma. Porque su criterio educativo se basa en el interés de las grandes empresas en la educación y no en criterios pedagógicos o de interés de mayoría social. Los intereses de las grandes empresas, de los monopolios, en la educación son tanto enriquecerse y encontrar cuotas de beneficio como adaptar la propia estructura educativa a sus intereses productivos, es decir, a la creación de una mano de obra adecuada según el momento particular.  

De esta manera no importa que no se garantice la formación elemental, el conocimiento integral, ni que no se acceda a la educación superior, de hecho, es lo que se busca; porque en estos momentos lo que interesa es mano de obra barata y poco cualificada o con una formación muy específica y técnica. No importa que se alarguen los plazos porque en base al eje en torno al cual gravitan sus propuestas educativas el actual modelo basado en la LOMCE ya cumple en lo fundamental las expectativas. No importa que se modifiquen continuamente las leyes porque éstas se adaptan siempre a los ritmos e intereses particulares de organismos como la UE que también obedecen a los intereses oligárquicos. Porque aunque evidentemente influyen concepciones diferentes sobre aspectos educativos, pedagógicos o teóricos,  en última instancia lo inamovible es que la vida de la clase obrera y el pueblo se adapta siempre al gusto de los intereses económicos de una minoría, de los monopolios.  

Desde los Colectivos de Jóvenes Comunistas y el Partido Comunista de los Pueblos de España denunciamos el papel testimonial de esta subcomisión. La ley resultante será casi idéntica a la LOMCE con apenas unas leves concesiones que el PP, en minoría parlamentaria, se ha visto obligado a hacer. La sumisión a la Estrategia Educativa 2020 de la UE señala claramente el camino de privatización que, a expensas de pequeños detalles y diferencias no estructurales, tomará irreversiblemente este Pacto Educativo. Mientras la educación siga siendo la educación de los monopolios, mientras no seamos los que tenemos una necesidad imperiosa por otro sistema educativo, uno realmente justo acorde a los intereses de la mayoría y no los intereses privados, los que decidamos el futuro de nuestra educación, no va a haber un cambio realmente integral. La UE y los partidos parlamentarios bailan al son de los grandes empresarios,  y en este escenario no caben las críticas vagas y el juego a dos bandas: PODEMOS critica la EE2020 dentro de la subcomisión pero defiende la permanencia en la Unión Europea que es el epicentro desde el que irradian los planes privatizadores en todo el continente. 

La única seguridad que tenemos los estudiantes, los hijos e hijas de familias trabajadoras, la clase obrera, los padres y madres… es que nos encaminamos de nuevo a una ley privatizadora, es que nuestros intereses son antagónicos a los intereses de las grandes empresas y de los políticos que legislan en su beneficio. Nuestra confianza debe depositarse por tanto en aquellos que sabemos con seguridad que no van a hacer política según el beneficio económico en la educación: nosotros y nosotras mismos. La comunidad educativa demostró su enorme potencial de lucha el pasado 9 de Marzo y esa debe ser la senda a seguir: la unidad, la organización a nivel de base y la combatividad contra la educación del empresario. Es vital organizar una respuesta que sobrepase la resistencia, que se base en un plan general para contrarrestar sus medidas de privatización y luche hacia una educación al servicio del  pueblo trabajador; es vital organizar la ofensiva del pueblo contra aquellos que nos quieren arrebatar hasta el más pequeño de nuestros derechos. El camino es la lucha, la unidad y la organización; el objetivo una educación fuera de la UE, fuera del capitalismo, una educación en un país para la clase obrera. 

Por una educación para los hijos e hijas de la clase obrera: ¡Organizamos la ofensiva!

Colectivos de Jóvenes Comunistas | 7 de septiembre, 2017