El Tribunal Supremo acaba de decretar que son los clientes los que deben y deberán pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. A pesar de haberse demostrado que son los bancos los interesados en realizar la escritura y por lo tanto quienes deberían hacerse cargo del impuesto, el alto tribunal español se vuelve a poner del lado de la banca contra los intereses de miles de familias. La argumentación fue que la decisión del 18 de octubre tendría un alto impacto económico en la banca. El alto impacto a las miles de familias endeudadas no les importa.

 

Marx, en su tesis sobre el Estado, decía que “no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa”. El Estado es por lo tanto un poder único en la cúspide del cual está la clase burguesa, la propietaria de las grandes empresas. Frente a esta tesis, los defensores del capitalismo nos dicen que en realidad hay tres poderes separados, dirigidos al fin y al cabo por la voluntad de los ciudadanos expresada en votos. El poder económico no existiría en este esquema, y el obrero y el burgués serían iguales ante las leyes. Estas dos tesis son irreconciliables; una es cierta y la otra es falsa. La decisión inaudita del Tribunal Supremo de paralizar una sentencia firme para remodelarla a voluntad de la banca nos demuestra muy claramente cuál de las dos tesis es la correcta.

 

La acalorada discusión en el Supremo no ha sido entre quienes defienden a los grandes monopolios –todos los miembros del tribunal- o a la clase trabajadora –ninguno-, sino hasta qué punto creen que se puede tensar la cuerda defendiendo los intereses de la banca sin perder el apoyo mayoritario de la población en el sistema político y judicial. El único contrapeso que la burguesía tiene a la hora de defender sus intereses es la organización popular. El eufemismo que se ha usado estos días, “el miedo a que el Tribunal Supremo pierda su credibilidad”, no es otra cosa que el miedo a que la población deje de creer en sus mentiras y entienda claramente cuál es el papel del Estado. Es, a fin de cuentas, el miedo a perder su poder. Por lo tanto, la clase obrera y el pueblo lo que deben hacer es organizarse, renegar de la supuesta imparcialidad de los jueces, deslegitimar su poder, elevar la consciencia obrera y difundir las concepciones marxistas. El PCPE no está preocupado, como algunas voces de la socialdemocracia expresan, por el descrédito de la justicia española si no todo lo contrario, por cómo organizarnos para acabar con ella y todo el poder burgués. El PCPE llama a todo el pueblo trabajador a secundar las movilizaciones que se vayan a realizar estos días contra esta sentencia. Los derechos del pueblo trabajador se garantizan luchando por un país para la clase obrera.

 

¡Por un país para la clase obrera!

 

Buró Político del PCPE, 6 de noviembre de 2018